El Ministerio Público conceptúo que existe cosa juzgada constitucional en el debate si el servicio militar debe extenderse de manera obligatoria para las mujeres. Según se explicó en el comunicado, a juicio del organismo de control, el artículo demandado no configura ningún tipo de trato injustificado que constituya discriminación; por tal motivo, se solicitó a la Corte Constitucional estarse a lo resuelto en la sentencia C-511 de 1994, que declaró exequible la norma que obliga a los varones, y no a las mujeres, a definir su situación militar cuando cumplen la mayoría de edad (artículo 10 de la Ley 48 de 1993). Para la Procuraduría aunque, en efecto, hombres y mujeres son iguales por participar en idéntico modo e intensidad en la dignidad de persona, son diferentes en aspectos como en el biológico (que incluye las diferencias a nivel genético y orgánico) y el psicológico. De ese modo, la distinción prevista respecto de la obligación de definir la situación militar se constituye en una medida favorable en beneficio de las mujeres como sujetos de especial protección.