Por medio de un concepto, la Procuraduría General de la Nación pidió declarar la constitucionalidad del numeral 5° del artículo 3° de la Ley 1527 del 2012 (Ley de Libranza), norma que permite a todos los trabajadores acudir a este mecanismo para el pago de sus créditos, incluyendo a quienes ganan el salario mínimo. Al respecto, aseguró que dicha disposición promueve el acceso de las personas de más bajos ingresos a los préstamos a través de entidades bancarias y financieras vigiladas por el Estado, con el fin de que no acudan a créditos informales como los llamados “gota a gota”, que suponen unas cargas más gravosas y aumentan su condición de pobreza. En el documento adjunto a esta nota puede encontrar los demás argumentos y consideraciones del Ministerio Público frente a esta disposición normativa.