La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que se inhiba de emitir un pronunciamiento de fondo en la demanda contra la modificación introducida por los artículos 2°, 3° y 6° de la Ley 1236 del 2008 a los tipos penales de acto sexual violento, acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir y acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Los actores argumentan que dichas disposiciones vulneran el derecho al debido proceso y la legalidad de las penas, por estimar que la modificación no obedece a criterios de proporcionalidad ni razonabilidad. Según el Ministerio Público, los demandantes no atacan la constitucionalidad de las normas, sino que usan la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de las disposiciones en un caso específico. “La demanda no expone razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes que soporten la solicitud”, señala la Procuraduría.