La Procuraduría General de la Nación pidió que se declare exequible el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, en el que se considera inválida la persona que hubiere perdido el 50 % o más de su capacidad laboral. El demandante señala que exigir una pérdida de capacidad laboral superior a ese porcentaje para concluir la invalidez es discriminatorio frente a quienes pierden menos del 50 % de la capacidad. El Ministerio Público señaló que en asuntos de límites nadie queda satisfecho, toda vez que las personas que están próximas a estos consideran injusto no estar incluidas en el grupo. Por ello, aclaró que el reconocimiento de la pensión de invalidez no es una decisión que pueda provenir de una decisión arbitraria del legislador, pero que, en todo caso, lo relevante no será el porcentaje, sino que la persona pueda acceder al mercado laboral. En ese sentido, consideró que la demanda pretende equiparar lo que no es equiparable.