La Procuraduría General de la Nación solicitó recientemente a la Sala Plena de la Corte Constitucional mantener el beneficio de descuento del 10 % en el valor de la matrícula a los estudiantes de universidades públicas que demuestren su participación en jornadas de votación. Para el ente de control, el descuento “no representa una violación a la autonomía universitaria” y el legislador puede intervenir en la administración de las rentas cuando se trata de instituciones oficiales de educación superior. Así pues, pidió a la Corte que se declare exequible el numeral quinto del artículo 2° de la Ley 403 de 1997. Pero también que mantenga lo resuelto en la Sentencia C-337 de 1997, en lo que respecta a los cargos por la presunta vulneración del derecho a la igualdad y a la naturaleza del derecho al voto. En dicha providencia, la corporación judicial sostuvo que la Constitución de 1991 consagra el sufragio como un derecho y un deber, de modo que el legislador tiene la posibilidad de desestimular la conducta abstencionista y estimular el sufragio.