El principio de congruencia, que implica la consonancia de la sentencia en relación con la situación fáctica y las pretensiones expuestas en la demanda, es más flexible en materia de acciones populares, pues el juez puede tener en cuenta hechos distintos, siempre que la conducta perseguida sea la misma que el actor indicó como transgresora, manifestó el Consejo de Estado. En este evento, como el fin último es proteger a la comunidad que se está viendo afectada de alguna forma, el juez puede proferir fallos ultra y extra petita. En el caso bajo análisis, el actor solicitó la protección de derechos e intereses colectivos relacionados con el goce del espacio público, utilización y defensa de los bienes de uso público y derecho a la seguridad y la prevención de desastres, presuntamente vulnerados por una alcantarilla sin las medidas de seguridad necesarias. La corporación consideró demostrada la vulneración en un sector distinto pero cercano al enunciado, donde la ausencia de elementos de seguridad reflejaban un alto índice de accidentalidad, es decir, la misma conducta (C.P. Marco Antonio Velilla Moreno).