Por sustituir un pilar esencial de la Carta Política, un grupo de ciudadanos pide la inconstitucionalidad de las expresiones “máximos”, “cometidos de manera sistemática” y “todos los”, contenidas en el artículo 1º del Acto Legislativo 01 del 2012 (marco jurídico para la paz), que facultan al Congreso de la República para determinar criterios de selección, con el fin de centrar esfuerzos en la investigación de ciertos delitos. De acuerdo con los demandantes, el Estado debe investigar todas las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidas en su jurisdicción y juzgar a sus responsables (demandantes: Gustavo Gallón, Fátima Esparza y otros).