A través de un decreto ordinario, expedido con base en las facultades otorgadas por el Código de Régimen Político y Municipal (Ley 4ª de 1913), el Gobierno acaba de corregir el Acto Legislativo 4 del pasado 24 de noviembre, en virtud del cual las víctimas podrán ejercer la acción penal. El artículo 2° de esa reforma constitucional le adicionó al artículo 250 de la Carta Política un segundo parágrafo, que señala: “Atendiendo la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma preferente”. La corrección sustituye la letra “y” por la “o” en la primera frase.