La pila pública supone un mecanismo alternativo y provisional en la prestación del servicios de acueducto por parte de un prestador, con el fin de abastecer de manera colectiva a usuarios en zonas donde no se cuenta con redes de acueducto, siempre que las condiciones técnicas y económicas impidan la instalación de redes domiciliarias. En estos casos, indicó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el costo del servicio debe ser establecido de mutuo acuerdo entre el prestador y el usuario y los mecanismos a aplicar frente al incumplimiento en el pago deben ser establecidos en el contrato que se haya celebrado.