Los artículos 58 y 61 de la Ley 1480 del 2011 regulan, en su orden, el procedimiento que se debe surtir en relación con las investigaciones por violación a los derechos de los consumidores y las facultades sancionatorias que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio (Superindustria). Un escrito de inconstitucionalidad ataca algunas expresiones de tales artículos que señalan a dicha entidad como destinataria de las sanciones pecuniarias. A juicio del ciudadano, la Constitución prohíbe rentas específicas con ese destino, ya que aquellas deben ser financiadas con dineros provenientes del presupuesto general de la Nación (Demandante: Alejandro Ayora Toro).