La Procuraduría General de la Nación pidió declarar inexequible el aparte del artículo 28 de la Ley 1150 del 2007 que permite prorrogar o adicionar las concesiones de obra pública hasta por el 60 % del plazo estimado para obras adicionales directamente relacionadas con el objeto concesionado o de la recuperación de la inversión. Para el Ministerio Público, esa posibilidad desconoce el interés general, dado que no media un proceso de selección y se modifica el contrato para cubrir diseños financieros del proyecto que no se ajustaron a la realidad. De igual forma, se vulneran los principios de igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad para establecer la mejor oferta. El organismo de control pidió que el restante contenido de la norma sea declarado exequible bajo la condición de que las prórrogas o adiciones a los contratos para recuperar la inversión solo proceden cuando esta no se haya recuperado por causas imprevisibles no imputables al concesionario y únicamente por el término necesario para la recuperación.