Por medio de una acción de inconstitucionalidad se acusa la expresión “en público”, contenida en el artículo 35 de la Ley 1015 del 2006,  que establece en el régimen disciplinario de la Policía Nacional como falta grave proferir en público expresiones injuriosas o calumniosas contra la institución, servidores públicos o particulares. Según el demandante, dicha expresión trasgrede el artículo 1º y 21 de la Constitución Política y el artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En efecto, para el accionante, los derechos a una vida digna y a la honra se desconocen por la citada expresión, al no tenerse en cuenta la esfera de lo privado para incurrir en esta falta grave. “De tal suerte que como está establecida la norma atacada deja un amplio margen para que en privado se afecten derechos constitucionales. Semejante yerro debe ser corregido declarando una constitucionalidad condicionada”, concluye el ciudadano.