El Acto Legislativo 03 del 2011, que establece el principio de sostenibilidad fiscal, presenta notables complicaciones en cuanto a la racionalidad económica a que es sometida la realización del Estado social y democrático de derecho. Así lo dijo la Procuraduría General de la Nación al advertir que la garantía de los derechos fundamentales no puede estar condicionada a la disponibilidad de recursos, toda vez que acudir a la acción de tutela para prevenir que ocurra un perjuicio irremediable da cuenta de la urgencia y necesidad de protección del derecho. Sin embargo, para el Ministerio Público, el parágrafo del artículo 1° del acto legislativo impide que la sostenibilidad fiscal limite la garantía de esas garantías fundamentales, pues señala que bajo ninguna circunstancia esta institución puede restringir el alcance o negar su protección efectiva. Por esta razón, concluyó que la reforma constitucional no sustituía la Constitución y pidió su exequibilidad.