Una acción pública de inconstitucionalidad tiene como pretensión la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “del discapacitado”, contenida en el artículo 25 de la Ley 1306 del 2009, en relación con la interdicción de las personas en situación de discapacidad mental absoluta, al vulnerar, presuntamente, los derechos fundamentales de la dignidad humana y la igualdad, estipulados en la Carta Política de 1991. Según el concepto de los accionantes, la expresión acusada no corresponde a un lenguaje de técnica jurídica, sino que por el contrario es una expresión escogida por el legislador para referirse a ciertos sujetos de manera peyorativa. “Esta escogencia lingüística debe ser limitada a que su contenido no contemple palabras discriminatorias o vejatorias, dado que se deben respetar los enfoques más respetuosos de la dignidad humana, lo que es apoyado por la jurisprudencia constitucional”, concluyó el escrito acusatorio.