Para declarar inconstitucional el artículo 81 de la Ley 1687 del 2013, la Corte adujo que la norma no contiene una estimación de ingresos, una autorización de gastos o una norma para la debida ejecución del presupuesto aprobado, como lo exige el principio de unidad de materia respecto de disposiciones que integran este tipo de leyes. De acuerdo con la sentencia, la ley anual de presupuesto no puede incorporar normas que no guarden relación con el fin de cada una de las partes que la componen: presupuesto de rentas, ley de apropiaciones y disposiciones generales. Así mismo, estimó que la disposición superó las limitaciones de tiempo de las normas presupuestales, como quiera que pretende establecer una regla general y permanente sobre la consagración de un procedimiento especial de control de las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que no forman parte del presupuesto general de la Nación. Finalmente, con el objetivo de proteger los recursos públicos, la Corte decidió diferir los efectos de la sentencia hasta que se tramite a través del procedimiento legislativo a que haya lugar, para lo cual le otorgó al Congreso plazo hasta el 31 de diciembre del 2015, fecha en la cual la ley pierde su vigencia (M.P. Jorge Ignacio Pretelt).