La Corte Constitucional informó que negó la tutela que se interpuso contra un fallo del Consejo de Estado en el cual se confirmó la mayor parte de lo que decidió el tribunal de arbitramento que resolvió el diferendo contractual. Esa determinación, frente a la cual la Corte negó una violación del derecho al debido proceso, le imponía a la empresa de energía eléctrica el deber de pagar $ 39.000 millones.