Minjusticia debe definir política pública sobre estado de cosas inconstitucional en cárceles y penitenciarias

Por medio del Auto 1475 del pasado 21 de octubre, la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario y carcelario ordenó a las entidades pertinentes implementar medidas efectivas para mejorar la atención a la población privada de la libertad en las cárceles y penitenciarias del país.

Se documentaron diversos hallazgos que respaldan la urgencia y necesidad de implementar mecanismos relacionados con los mínimos constitucionalmente garantizados en cuanto a infraestructura, alimentación, salud, acceso a la administración pública y a la justicia, servicios públicos y resocialización (Lea: Jueces que conocen tutelas relacionadas con el ECI penitenciario y carcelario deben analizarlas de fondo).

Según el alto tribunal, persiste la vulneración masiva y generalizada de los derechos de las personas privadas de la libertad en los establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Inpec. A pesar de las medidas propuestas y ejecutadas por actores del sistema, la situación sigue siendo tan grave que estas resultan insuficientes para impactar de manera positiva la vida de los privados de la libertad. 

Política pública

Además de disponer la adopción de medidas urgentes en diferentes centros penitenciarios y carcelarios, se ordenó al Ministerio de Justicia definir la política pública que debe ser implementada en el ECI Penitenciario y Carcelario, según lo establecido en la Sentencia T-762 del 2015. La Sala consideró paradójico que, después de casi 10 años desde la reiteración del ECI Penitenciario y Carcelario, dicha política pública aún no se haya implementado.  

Entre otros aspectos, se destacó la importancia de que dicha política pública incluya la asignación de los recursos financieros necesarios para cumplir con las diversas órdenes emitidas en el marco del seguimiento al ECI. En este sentido, el Ministerio de Hacienda deberá participar en la formulación y ejecución de esta política, en colaboración con otras entidades estatales (Lea: Contraloría evidenció que condiciones alimentarias en las prisiones ponen en riesgo la salud de la población carcelaria).

Por último, la corporación compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que evalúen si proceden investigaciones disciplinarias y fiscales en relación con presuntas irregularidades en el retraso de entrega de cupos de infraestructura, deficiente servicio de alimentación y la situación de desnutrición de algunas personas privadas de la libertad, en particular en la Cárcel y Penitenciaría de Puerto Triunfo (Antioquia) (M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar).

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