Recientemente se publicó la sentencia que declaró constitucionales los literales “b” y “c” del artículo 30 de la Ley 1493 del 2011, los cuales otorgan a la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) la competencia para imponer determinadas medidas cautelares, dentro de sus facultades de inspección y vigilancia. Para la corporación, las disposiciones no generan una afectación a los derechos fundamentales de los trabajadores y directivos de las sociedades de gestión colectiva, por cuanto resultan necesarias para asegurar la efectiva consecución de los fines que con ellas se propone. Además, destacó que, en todo caso, los actos administrativos a través de los cuales se adoptan este tipo de medidas tienen la carga de encontrarse debidamente motivados y pueden ser objeto de control de legalidad posterior (Martha Sáchica).