En la providencia, el alto tribunal recordó que si bien la carrera es la regla general para el ingreso y permanencia en el empleo público, el legislador tiene un margen de libertad en la configuración y diseño de los mecanismos a través de los cuales se valora el mérito de los aspirantes al ingreso o ascenso, sin desconocer las finalidades constitucionales de la carrera. De ese modo declaró exequibles las condiciones creadas por los artículos 26, 24 y 30 (parcial) del Decreto-Ley 20 del 2014. Para La Corte Constitucional, aunque la jurisprudencia ha excluido la posibilidad de que existan concursos en los cuales solamente puedan participar funcionarios de carrera, no es vulneratorio de la Constitución que en la carrera se tenga en cuenta la experiencia de los empleados de la entidad para valorar el mérito, ni que, para efectos de estimular el ascenso y la permanencia, se reserven algunos cargos para funcionarios que ya hacen parte de esta (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).