La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida para pronunciarse de fondo frente a la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 28 de la Ley 789 del 2002, en el que se consagra la facultad para que el juez, en caso de despido sin justa causa, reconozca una indemnización. Para el actor, se incurría en una omisión, toda vez que no se ordenaba también el reintegro del trabajador. La Procuraduría indicó que la ausencia de reglas legales sobre reintegro del trabajador no discrimina por sí solo a algún trabajador, pues la ausencia es igual para todos. Por ello, concluyó que más que una omisión legislativa relativa, se censuraba una omisión legislativa absoluta, sobre la que la Corte carece de competencia para pronunciarse.