Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional para el 2025

La Sala Plena de la Corte Constitucional eligió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar como su nuevo presidente y a la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera como vicepresidenta, quienes empezarán a cumplir sus funciones a partir del próximo lunes 10 de febrero. Cabe resaltar que la designación de estos dignatarios se supedita a la antigüedad de cada magistrado (a) en la corporación.

Jorge Enrique Ibáñez Najar es abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Derecho, DEA (magíster) en Derecho Internacional Público, doctor en Derecho, Suma Cum Laude y postdoctor en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid (España), además de doctor Honoris Causa en Educación de la UNAD.

Fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia en 1991, de la Asamblea Constituyente del Ecuador (1997) y de procesos constituyentes en la República Dominicana (1998). Fue funcionario del Banco de la República (1983-1994), consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (1993-2000) y de diferentes áreas de la administración pública en procesos de reestructuración y modernización del Estado.

Por su parte, Paola Andrea Meneses Mosquera es abogada de la Universidad Javeriana con amplia experiencia profesional en Derecho Público y Corporativo. También es especialista en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con estudios avanzados en Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid.

En el año 2021, Meneses Mosquera fue condecorada por la Corporación Excelencia en la Justicia con el premio “Mejor sentencia en favor de la diversidad e inclusión”, en el marco de los Premios Excelencia en la Justicia. Igualmente, fue galardonada en los “Premios Sentencias 2024, Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetos de Protección Internacional”, entregados en la sede de la Suprema Corte de Justicia de México, bajo el auspicio de ACNUR, la CIDH y el Comité Internacional de la Cruz Roja. En ambos casos obtuvo el reconocimiento a la mejor sentencia.

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