La Corte Constitucional declaró, por consecuencia, la inexequibilidad del Decreto 073 del 2010, expedido al amparo de la emergencia social, que estableció medidas excepcionales con el fin de liberar recursos de los saldos excedentes del situado fiscal y del sistema general de participaciones para financiar a la población no asegurada y tratamientos no cubiertos en el POS. La sala no consideró el diferimiento de la decisión de inexequibilidad por no tener relación con fuentes tributarias de financiación orientadas exclusivamente al goce efectivo del derecho a la salud.