El Decreto 1953 del 2014 creó un régimen especial, con el fin de poner en funcionamiento los territorios indígenas respecto a la administración de los sistemas propios de dichos pueblos, hasta que el Congreso expida la ley señalada por el artículo 329 de la Constitución. Según una demanda de inconstitucionalidad, el Gobierno carecía de habilitación constitucional para expedir una normativa con fuerza de ley como legislador extraordinario, pues tal facultad había fenecido cuando se expidió la norma. Así mismo, tampoco tenía competencia ordinaria para proferir el decreto en cuestión (Demandante: Juan Guillermo González).