Ante la inexequibilidad del numeral 17 del artículo 2º de la Ley 1312 del 2009, que permitía otorgar el principio de oportunidad a la desmovilización masiva de miembros de grupos armados ilegales, el Gobierno anunció anoche que estudia alternativas jurídicas para que quienes se desmovilizaron y cumplen con sus compromisos puedan culminar sus procesos, previa garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y en cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. El Gobierno presentará sus recomendaciones y políticas a seguir ante el Consejo Nacional de Política Criminal, que se reunirá mañana viernes.