Fortalecen la autonomía territorial a través de este acto legislativo

Este acto legislativo modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución Política para fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios.

El cambio establece una nueva estructura de competencias fiscales, permitiendo que las entidades territoriales gestionen de manera más eficiente los recursos destinados a la atención de servicios públicos. Además, busca garantizar que los territorios tengan acceso a los recursos necesarios para su desarrollo, especialmente en áreas prioritarias como la salud, educación y agua potable.

Uno de los elementos clave de esta modificación es la distribución de los recursos fiscales entre las entidades territoriales de forma equitativa. El sistema se basa en un enfoque gradual y transparente, permitiendo que los municipios de menor capacidad reciban mayor apoyo. Además, se establece la obligación de que las entidades beneficiarias destinen los recursos a sectores prioritarios y cierren las brechas sociales y económicas que afectan a las regiones más vulnerables. (Lea: Ley establece presupuesto del Sistema General de Regalías para 2025-2026)

Es importante mencionar que una ley reglamentará el nuevo sistema para asegurar la correcta distribución de competencias y recursos. Un aspecto fundamental es que no se descentralizarán competencias sin una asignación adecuada de recursos fiscales, evitando así que las entidades territoriales enfrenten dificultades para cumplir con sus responsabilidades. Este proceso también establece que la Nación no podrá asignar recursos sin una previa descentralización de las competencias correspondientes, garantizando la eficiencia en la gestión pública.

Además, a medida que el Sistema General de Participaciones se va implementando, se prevé un crecimiento progresivo de los recursos que se destinan a los territorios, con un objetivo final de alcanzar el 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación. Este incremento se llevará a cabo de manera gradual durante un periodo de 12 años, lo que permitirá una transición ordenada y sostenible. También se contempla que los municipios de menor categoría y población puedan destinar parte de estos recursos a la inversión y el funcionamiento de sus administraciones locales, adaptándose a sus particularidades.

El documento subraya la importancia de la transparencia y el control en el uso de los recursos. Se establecerán mecanismos de monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas, a través de los cuales las entidades beneficiarias deberán garantizar que los recursos sean empleados de manera eficiente y conforme a las necesidades de la comunidad.

Así mismo, el documento establece que las ciudades que cuenten con características especiales, como Buenaventura, Tumaco, Barrancabermeja y Medellín, tendrán un régimen político, fiscal y administrativo propio. Este modelo busca impulsar el desarrollo regional mediante la promoción de la ciencia, la tecnología y el ecoturismo, adaptándose a las necesidades específicas de cada territorio.

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