El fiscal general de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, respaldó las objeciones presentadas por el Gobierno al proyecto de reforma constitucional a la justicia, pues considera que la comisión de conciliación excedió sus facultades al armonizar los textos aprobados por las plenarias. Aunque la calificó como inconveniente, Montealegre pide rescatar algunos artículos relacionados con la pérdida automática de la competencia de los funcionarios judiciales que no fallen a tiempo, la creación de jueces y tribunales en municipios y departamentos donde no hay, la supresión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la doble instancia para los congresistas y la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura.