Sin la correspondiente sanción, el Gobierno devolvió al Congreso por razones de inconveniencia el proyecto de ley que autorizaría la presunción de donación de órganos en Colombia. La Presidencia señala que la norma impone en cabeza de todas las entidades de la Rama Ejecutiva una obligación que desconoce las competencias legales de algunas de ellas y afecta el debido cumplimiento de sus funciones, en cuanto a la promoción y pedagogía sobre la donación de órganos. Sobre la prohibición para la salida de órganos del país, el Ejecutivo considera que esta implica que pueden desperdiciarse órganos que no se requieren (en caso de un exceso de disponibilidad de algunos de ellos o componentes), e imposibilitará la obtención de los que se puedan necesitar desde otros países. Por otra parte, señala que, revisado el texto conciliado y comparado con lo aprobado en cada una de las cámaras legislativas, se encuentra que la redacción finalmente acogida presenta una serie de inconsistencias. Entre ellas, precisa el Gobierno, en lo referente al registro nacional se genera una inconsistencia conceptual que tiene que ser corregida, pues modifica de manera injustificada el objeto del registro aprobado, al transformarlo de registro de donantes a registro de receptores de órganos. Por último, sugiere eliminar el texto del inciso segundo del artículo 7º, de forma que el comité técnico, del que hace parte el INS, sea el único competente legal para definir los criterios de asignación de órganos.