Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, el Consejo de Estado recordó que la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, por lo que, en aplicación del principio iura novit curia, dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar (M. P. Nicolás Yepes Corrales).