La restricción consistente en ser nombrado o ascendido a un cargo público mientras que la persona tenga una multa impuesta en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que no se haya pagado dentro de los seis meses siguientes a su imposición es razonable y, por lo tanto, se ajusta a la Constitución. Así lo concluye una sentencia reciente de la Corte Constitucional luego de declarar exequible el numeral segundo del artículo 183 de la Ley 1801 del 2016 (M. P. Alberto Rojas).