El Consejo de Estado señaló que en los ataques de grupos subversivos que afecten a la población civil, debido a que el radio de acción no se limita a objetivos estrictamente militares, la responsabilidad del Estado se compromete a título de daño especial, teniendo en cuenta que, aunque no hay conducta reprochable en su contra, los hechos ocurren dentro de la larga confrontación que se ha venido sosteniendo con dichos grupos y no es constitucionalmente aceptable que el Estado abandone a las víctimas. En este caso, la actuación legítima no debe reducirse a la simple verificación de una actividad física, sino que comprende aquellos eventos en los que la imputación es principalmente de índole jurídica y tienen como fuente la obligación estatal de brindar protección y cuidado a quienes resultan injustamente afectados. Los consejeros Carlos Alberto Zambrano Barrera y Stella Conto Díaz del Castillo salvaron y aclararon su voto, respectivamente (C.P. Hernán Andrade Rincón).