Cuando una entidad pública exige a las personas realizar una declaración juramentada de no haber cometido delitos está violando el artículo 33 de la Constitución, porque el derecho de aquellas a no autoincriminarse cubre todos los espacios de interacción con el Estado. Así lo aseguró la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, al indicar que los requerimientos que hace la administración en cumplimiento de sus funciones no pueden violar las garantías constitucionales y legales de los individuos, ya que estas son límites objetivos que no se deben desconocer. Por otro lado, el concepto, cuya reserva fue levantada recientemente, recordó que la administración no está facultada para crear inhabilidades, pues esto es competencia del legislador (C.P. William Zambrano).