Una acción pública de inconstitucionalidad ataca los artículos 50 (garantías reales en los procesos de reorganización) y 51 (garantías reales en los procesos de validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización) de la Ley 1676 del 2013 o de Garantías Mobiliarias. Según el concepto del ciudadano demandante, las normas acusadas sustraen a los titulares de las garantías de los mecanismos de solución a las crisis de solvencia, vulnerando los principios de universalidad, colectividad e igualdad. Lo anterior, concluye el escrito,  “para satisfacer intereses privados en demérito del interés general y, de esta forma, colocando en grave riesgo el Estado social de derecho y la economía nacional”.