Se presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 108 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 del 2011) y 20, 49 y 50 (parcial) del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 del 2015), que establecen las áreas de reserva estratégica mineras. Las normas acusadas determinan los minerales de interés clave en esas zonas del país y fijan las condiciones relacionadas con esta clase de contratos de concesión. Según el ciudadano, se vulneran principios constitucionales como la autonomía territorial, la democracia representativa y participativa, al ampliar las áreas reservadas exclusivamente a actividades extractivas (Demandante: Wilson Rentería).