El artículo 310 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004) define las circunstancias que el juez deberá valorar antes de calificar a un imputado como un peligro para la comunidad. Una demanda de inconstitucionalidad ataca la mayoría de ítems allí establecidos, con base en la posible violación del preámbulo y los artículos 4º, 5º, 28, 29 y 93 de la Constitución, así como de otros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Según el escrito, estas normas hacen prevalecer la seguridad por encima del derecho fundamental de libertad personal (demandante: Salustiano Fortich).