Fue admitida en la Corte Constitucional una demanda contra algunas expresiones y numerales de los artículos 43 y 44 de la Ley 1801 del 2016, actual Código Nacional de Policía y Convivencia, que regulan los requisitos de los establecimientos donde se ejerza la prostitución. Estas disposiciones establecen, entre otros, el requisito de concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud para su funcionamiento y la obligación de distribución de preservativos al personal. Sin embargo, los accionantes consideran que esta regulación no contiene aplicación diferenciada para dos sujetos que se encuentran en situaciones fácticas y de vulnerabilidad diferentes: “quienes administran los establecimientos de comercio o realizan labores diferentes a la prostitución, y las personas que están en situación de prostitución”. Esto por cuanto, a su juicio, no es constitucionalmente admisible que se les impongan obligaciones iguales obviando la situación de vulnerabilidad de quienes ejercen la prostitución (demandantes: Ángela María Robledo, Alirio Uribe, Iván Cepeda y otros).