Usando como argumento la posible violación de los artículos 1, 2 y 19 de la Constitución Política, una ciudadana interpuso demanda ante la alta corporación por considerar que el artículo 8º de la Ley 1645 del 2013, al consagrar la posibilidad de que se dispongan de partidas del presupuesto público para financiar fiestas de tipo religioso, contraviene el concepto de Colombia como un Estado social de derecho laico. Además, la autora de la iniciativa también manifiesta que de no declararse la inconstitucionalidad del citado artículo se estaría yendo en contra del principio de neutralidad que debe mantener el Estado en el tema religioso.