Una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 señala que se incurrió en omisión legislativa al no establecer un término para que los jueces decidan sobre el incidente de desacato que presentan los ciudadanos frente al incumplimiento de las órdenes contenidas en los fallos de tutela. A juicio del demandante, la norma viola los artículos 2º, 29, 86 y 89 de la Constitución Política, ya que esta omisión hace que la garantía inmediata de los derechos fundamentales pretendida con la acción de tutela se vea fuertemente restringida (demandante: Jorge Armando Otálora Gómez).