Garantizar la protección de los materiales y el intercambio de información con otros Estados, dada la amplia utilización de la energía nuclear a nivel mundial y el incremento de los riesgos por el uso para fines pacíficos y no pacíficos, se ajusta a los postulados constitucionales, como el deber de protección de los derechos a la salud, la vida y medio ambiente sano (artículos 11, 49 y 70), el derecho a la paz (artículo 22), la prohibición de la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y residuos tóxicos (artículo 81). Con estos argumentos, la Corte Constitucional declaró exequible la “enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares”, aprobada en Viena el 8 de julio del 2005, y la Ley 1572 del 2012 que aprobó el instrumento internacional (M. P. Mauricio González Cuervo).