Al ordenar al Ejército Nacional reintegrar a un soldado en condición de discapacidad, la Corte Constitucional volvió a inaplicar el artículo 10 del Decreto 1793 del 2000, que consagra la disminución de la capacidad laboral como causal de retiro de esa institución. A juicio de la corporación, esa disposición es inconstitucional, pues vulnera los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, igualdad, trabajo, salud, dignidad humana y seguridad social. Así, “el Estado no puede retirar a quienes han servido en la fuerza pública y han sufrido un menoscabo en sus aptitudes físicas, en detrimento de sus garantías”, concluyó (M.P. Jorge Iván Palacio).