La Sentencia C-256 del 2020, por la cual se declaró inexequible el decreto que permitía a las administraciones municipales asumir pagos del servicio de aseo, produce efectos a partir del día 24 de julio, según lo dispuesto por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, en la que se ha afirmado que los efectos de una sentencia de inexequibilidad inician a partir del día siguiente a aquel en que se tome la respectiva decisión. Así las cosas, precisó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, si la decisión de asumir el pago de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de un municipio se tomó antes de la fecha mencionada, se entiende cobijada por una presunción de constitucionalidad y como situación jurídicamente consolidada, por lo que no tendría que verse afectada por la decisión de inexequibilidad. De otra parte, cabe mencionar que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 819 del 2020, hasta el 31 de diciembre del 2020 las entidades territoriales pueden asumir total o parcialmente el costo del servicio público de aseo de los usuarios, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos con que cuenten para el efecto y la necesidad de priorizar las asignaciones para las personas de menores ingresos, en los términos allí previstos.