Teniendo en cuenta que la apostilla es un requisito fundamental y estrictamente necesario para certificar la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, lo cual se hace indispensable para que el documento surta plenos efectos legales, no está dentro de las actuaciones exceptuadas por el artículo 2 del Decreto 806 del 2020, por el cual se establecieron medidas para implementar la justicia digital en tiempo de pandemia, precisó la Superintendencia de Sociedades. Para que un documento emitido por un país que hace parte de la Convención de La Haya tenga validez en Colombia debe estar apostillado por la entidad competente del país de origen. Así, el juez correspondiente apreciará en su momento el cumplimiento de los requisitos pertinentes respecto de los documentos aportados al proceso y les dará el mérito que corresponda. En todo caso, señaló la entidad, este trámite se puede realizar a través de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores.