Según una providencia reciente de la Corte Constitucional, que condiciona varias expresiones del Decreto 581 del 2020, la autorización a Findeter para otorgar de manera directa créditos a las empresas de servicios públicos domiciliarios cubre a todos los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento básico, con independencia de su condición de ser empresas y requiere de la aprobación de las asambleas o concejos (M. P. José Fernando Reyes).