La Corte Constitucional, a través de reciente sentencia de unificación, decidió confirmar las sentencias de instancia que ampararon el derecho fundamental de petición de los accionantes, en el caso concreto docentes del sector oficial, a quienes las entidades demandadas relacionadas con el sector de la educación no habían ofrecido respuesta frente a las solicitudes de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías. Se respaldó este amparo porque a otros docentes, en similares circunstancias, sí se les había dado contestación y, además, pagado efectivamente el monto correspondiente a la sanción moratoria, pese a haber radicado sus solicitudes con posterioridad (M. P. Luis Guillermo Guerrero).