La propuesta de la Defensoría del Pueblo para ajustar las reglas de la acción de tutela recibió ponencia favorable para la plenaria de la Cámara de Representantes. Si bien la iniciativa tenía 60 artículos, se redujo a la mitad por petición del Ejecutivo, que solicitó dejar por fuera aquellos que reproducían normas contenidas en el Decreto 2591 de 1991. Algunas aclaraciones que se hacen en el pliego de modificaciones tienen que ver con que cada mes la Corte Constitucional designe a tres de sus magistrados para que seleccionen las sentencias que habrán de revisarse. Sobre el proceso de selección, que estará orientado por criterios objetivos (unificación de jurisprudencia, asunto novedoso, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial, exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental) o subjetivos (urgencia de proteger un derecho fundamental o la necesidad de materializar un enfoque diferencial), se especifica que la Corte Constitucional podrá ampliar dichas condiciones. Finalmente, se pide expresar en el articulado que el magistrado que insista en la selección de un expediente no podrá decidir sobre la misma ni le podrá ser repartido el expediente, en caso de ser seleccionado.