Por presunta vulneración de los derechos a la educación y a la igualdad, entre otros, demandaron algunos apartes del artículo 36 del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 del 2006), de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 361 de 1997 y la totalidad del artículo 2 de la Ley 14 de 1990. Según el escrito, en Colombia, los niños y adolescentes con discapacidad se encuentran masivamente excluidos del sistema educativo regular, lo que constituye no solo una violación del derecho constitucional a la educación del que son titulares de manera prevalente, sino también a la igualdad y su correlativa prohibición de discriminación. Lo anterior porque la normativa permite que a las personas con discapacidad se les nieguen los ajustes razonables y las medidas de acción afirmativa dentro del sistema educativo regular. Además, se les impide la concreción de la igualdad material y se les restringe a su participación efectiva en el servicio público de educación. Aunado a ello, indicó que la educación inclusiva va más allá de la mera integración e implica el derecho a gozar de los apoyos y ajustes razonables necesarios para garantizar el acceso, la permanencia, la promoción y la participación en condiciones de igualdad.