Limitar la indemnización judicial de las víctimas del conflicto armado al monto establecido en el reglamento correspondiente para la indemnización individual por vía administrativa cuando el Estado debe concurrir subsidiariamente constituye una homologación que contradice el debido proceso, el principio de juez natural y el derecho que tienen las víctimas a ser reparadas mediante una justa indemnización. Así lo afirma una demanda radicada con el objetivo de lograr la inexequibilidad del inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 del 2011) (Demandante: Luis Fernando Tamayo).