Un fallo de tutela de la Corte Constitucional concluye que una autoridad judicial, o quien ejerza sus veces, vulnera la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad, así como al buen nombre de una adolescente, al revocar una medida de protección decretada por la autoridad respectiva dentro de un proceso de violencia intrafamiliar cuando: (i) es clara la omisión de actividad investigativa o la realización de investigaciones aparentes y (ii) falta un análisis detallado de las pruebas recogidas para tomar las decisiones. Las autoridades judiciales que revocan una medida de protección a un menor de edad, concluye el fallo, no pueden ejercer sus funciones y facultades probatorias en grado menor de la labor cumplida por la autoridad cuya decisión se revoca (M. P. Diana Fajardo).