La Sección Tercera del Consejo de Estado negó la reparación por privación injusta de la libertad de una exfuncionaria de la Empresa de Aseo de Magangué que fue vinculada a una investigación en la que se le decretó medida de aseguramiento por el delito de peculado por apropiación en concurso con lavado de activos, sin que se probara que fuera responsable de dicho ilícito. La investigación fue archivada y la procesada desvinculada del proceso. No obstante, señala el fallo, en su momento la indiciada huyó y no colaboró con la justicia para esclarecer lo sucedido. A pesar de que su detención nunca se hizo efectiva, porque permaneció al margen del control de las autoridades durante el tiempo en el que estuvo vigente la orden de captura en su contra, la procesada y sus familiares interpusieron una acción de reparación directa buscando ser resarcidos económicamente de los perjuicios que les ocasionaron las actuaciones de los organismos de investigación penal. La Corporación negó la pretensión y señaló que aunque los ciudadanos tienen el deber de atender a los llamados de la justicia la indiciada decidió huir y no atender los deberes constitucionales que la instaban a colaborar con el aparato judicial para esclarecer los delitos que se estaban investigando (C. P. Alberto Montaña Plata).