Las obligaciones en materia de prevención de desastres recaen en las autoridades locales, por lo que les compete verificar el estado de vulnerabilidad y el elemento de habitabilidad en que se encuentran sus habitantes en determinada zona, con el fin de garantizarles los derechos constitucionales que pregona el Estado social de derecho. Así lo señaló la Corte Constitucional al modificar la sentencia de tutela proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, conceder la protección del derecho fundamental a la vivienda digna en conexidad con los derechos a la vida, a la integridad física y a la seguridad personal de los accionantes, quienes habitan una zona en riesgo del municipio de Soacha (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).