La Corte Constitucional amparó el derecho a la vivienda digna de 200 familias desplazadas que se ubicaron en un predio del municipio de Puerto Gaitán (Meta), las cuales iban a ser desalojadas de ese terreno sin que las autoridades respectivas brindaran otras alternativas por la afectación. En este contexto, el alto tribunal le ordenó a la alcaldía que realice el acompañamiento necesario a la población objeto de la medida que esté en situación de vulnerabilidad y desee postularse a los subsidios de vivienda otorgados por el municipio, departamento o por el Gobierno Nacional, de manera que se les brinde la atención suficiente durante el diligenciamiento de los documentos, para ser beneficiarios y demás trámites pertinentes, incluido el asesoramiento para la gestión de créditos complementarios (M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).